Con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 15 de septiembre de 1995, quedó por sentado, ya hace 25 años, el no tener que seguir debatiendo sobre los beneficios económicos, sociales y políticos de apoyar el empoderamiento económico de las empresas propiedad de mujeres para que todos nos beneficiemos y considerarlo condición sine qua non para el desarrollo sostenible a largo plazo, objetivo final de los ODS.
Sin embargo la cruda realidad es que las mujeres han sido las más afectadas por la pandemia de COVID-19 y ahora más que nunca es necesario su impulso.
En los países desarrollados, la contratación pública representa casi el 15% del PIB y en algunos países en desarrollo, esta cifra puede llegar hasta el 40%. Es chocante que las empresas propiedad de mujeres representan sólo un 1% de este sector por encontrarse, con falta de información sobre las oportunidades que ofrece y requisitos, por los complejos procesos y estrictos requisitos financieros y de calificación, como principales barreras para ganar las licitaciones públicas.
Pero los gobiernos pueden actuar tanto como compradores y como defensores para aumentar la proporción de mujeres en la contratación directa e indirecta y crear diversidad de proveedores considerando opciones como objetivos mínimos, planes de subcontratación e iniciativas centradas en la creación de capacidad. Igualmente importante, pueden servir de ejemplo y demostrar qué invertir en empresas propiedad de mujeres a través de la adquisición es una buena decisión comercial.
El Centro de Comercio Internacional (ITC) junto con el Gobierno del Reino Unido y bajo la iniciativa SheTrades ha publicado el pasado 11 de noviembre 2020 “Making Public Procurement Work for Women” para orientar a los responsables de formular políticas, a los funcionarios de compras públicas y a demás interesados sobre las formas en que pueden contribuir a mejorar la participación de la mujer en la contratación pública. Proporciona una guía paso a paso para evaluar el estado de su inclusión en la contratación pública, para identificar las barreras a las que se enfrentan las mujeres, para diseñar una hoja de ruta, y para supervisar los progresos a lo largo del tiempo.

Ojalá esta publicación inspire reformas en la política para poder apoyar a las empresas propiedad de mujeres y a las mujeres empresarias a través de la contratación pública.