La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública supuso el punto de inflexión en la inclusión de cláusulas de género en la contratación pública. En España es a partir de la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpuso la directiva, cuando se incide realmente en el deber de que toda contratación pública incorpore criterios sociales, como la igualdad de género, y medioambientales.
Desde la entrada en vigor de la Ley 9/2017, cualquier debate o discrepancia jurídica sobre la legalidad de las cláusulas de género ya está por completo superado, pues tanto la legislación europea como la normativa nacional de contratos públicos son absolutamente explícitas en el sentido de manifestar expresamente la plena validez de los criterios sociales en la contratación pública, e incluso añadiendo que su inclusión debe conformar una prioridad en ciertos casos, y una obligación en otros.
El Fondo de Recuperación Next Generation, como instrumento para paliar la situación de crisis originada por la pandemia COVID-19 tiene como eje transversal la igualdad de género, tanto en las reformas estructurales como en las inversiones que se pongan en marcha, por lo que las cláusulas relativas a la igualdad de género en la contratación pública son decisivas, siendo necesario que los contratos públicos incluyan cláusulas que garanticen dicha igualdad.
Contratación Pública Sensible al Género (GRPP)
Los poderes públicos tienen el deber de actuar, remover los obstáculos existentes y promover la igualdad en todas sus actuaciones, tal y como establece la Constitución Española de 1978. Y entre estas políticas, es imprescindible la incorporación de la perspectiva de género en la contratación y en las subvenciones públicas.
Estas cláusulas:
- Están expresamente reguladas en la Ley de Contratos y en las Directivas Comunitarias de contratos públicos.
- Están avaladas por la jurisprudencia comunitaria.
- Las recomiendan y autorizan las guías y publicaciones de la Comisión Europea.
- Han sido ratificadas por la jurisprudencia nacional.
- Las CC.AA. y los principales Ayuntamientos las han regulado expresamente.
En estos últimos años han sido muchas las administraciones públicas autonómicas y locales que han desarrollado excelentes prácticas, desarrollado actuaciones y acciones formativas, establecido procedimientos o redactado guías específicas para la incorporación del principio de igualdad en los contratos y las subvenciones públicas. En agosto de 2022, la Comisión Europea a través del EIGE (Instituto Europeo para la Igualdad de Género) publicó el estudio titulado: “Contratación pública con perspectiva de género en la UE” en la que aparece España como buena práctica europea.
Facilitar que las mujeres participen en la contratación pública nacional y ganen experiencia previa, abre las puertas a nuevas oportunidades en la contratación pública internacional como vía de internacionalización de las empresarias.
Mujer Exportadora 