Una de las principales actividades desarrolladas por los poderes públicos consiste en la contratación de suministros, obras y servicios, convirtiéndolos en los más grandes compradores a nivel internacional. Según datos de la Comisión Europea la contratación pública representa aproximadamente un 20% del PIB a nivel europeo.

Además, la contratación pública, entendida como instrumento para alcanzar fines públicos, debe utilizarse para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.

Sin embargo, se estima que solo el 1% del mercado es atendido por mujeres empresarias.

¿Qué se está haciendo para que los contratos públicos sean distribuidos más equitativamente entre hombres y mujeres?

El 9 de noviembre de 2017 se publicó la nueva Ley 9/2017, de cara a transponer las Directivas del Parlamento Europeo para permitir a los órganos de contratación dar prioridad a la calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales o a la innovación. Y es ahí en el único lugar donde se establecen criterios de género.

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro para la Igualdad,  publicó  en 2009 una Guía para incorporar la perspectiva de género en las subvenciones y los contratos públicos y en el 2017 la Generalitat de Cataluña y la Junta de Andalucía también publicaron otras guías sobre la incorporación de  cláusulas de igualdad en los contratos públicos nacionales.

Lo triste es que el único criterio de apoyo contemplado es en caso de empate entre varias ofertas, que para resolverlo, la ley establece que se tendrán en cuenta cuatro distintas consideraciones y entre todas ellas, se incluye el dar prioridad a aquella empresa que tenga “Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla”.

Esta pobre legislación europea queda muy lejos de la estrategia de contratación social de muchos países con incentivos de género que promueven la mayor participación de las mujeres como proveedoras. Como por ejemplo en EE. UU., en donde el 5% de las compras públicas son reservada a mujeres, otros ejemplos se encuentran en Canadá, Chile, República Dominicana, etc…

Es necesario un verdadero marco legislativo que obligue a integrar la perspectiva de género en el ámbito de la contratación pública para alcanzar la igualdad efectiva de mujeres y hombres.