La presión regulatoria europea está impulsando cadenas de suministro más inclusivas y transparentes en nuestro país, especialmente con la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2024/1760 sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) el 25 de julio de 2024.
Esta Directiva obliga a las empresas a identificar, prevenir y mitigar impactos negativos en derechos humanos, laborales y medioambientales a lo largo de toda su cadena de suministro, aplicándose de forma gradual a partir de julio de 2027 según tamaño y facturación.
Aunque no menciona explícitamente a las empresas lideradas por mujeres (WBEs) ni los programas de diversidad, su exigencia de prevenir discriminaciones e impactos sociales en la cadena de valor crea un espacio legítimo para justificar e impulsar compras inclusivas como parte del cumplimiento.
Al mismo tiempo, la ISO 20400 de compras sostenibles refuerza esta perspectiva, animando a las organizaciones a fomentar la diversidad y el desarrollo de proveedores locales o subrepresentados, convirtiendo la inclusión en una herramienta de gestión de riesgos y reputación.
En España, esta regulación está generando una transformación en las prácticas de contratación pública y privada, promoviendo mayor transparencia, mejor trazabilidad y la integración de criterios sociales y ambientales en las decisiones de compra, lo que impulsa la participación de pymes y empresas lideradas por mujeres en las cadenas de suministro.
Más allá de cumplir con la normativa, las empresas que se anticipen a estas obligaciones reforzarán su competitividad, reputación y acceso a mercados que priorizan la sostenibilidad, construyendo cadenas de suministro más resilientes, justas y alineadas con las expectativas actuales de clientes, instituciones y mercados internacionales.
Mujer Exportadora 