La reciente aprobación de la directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad por parte del Parlamento Europeo deja dos años para transponer la Directiva a sus legislaciones nacionales Dentro de la Unión Europea por parte de los Estados miembro. Su objetivo fundamental es “fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable en todas las cadenas de suministro mundiales.”

La cadena de suministro son los distintos eslabones que se suceden en una compañía, es decir, desde las materias primas hasta el producto terminado que llega al consumidor final.

La normativa europea crea un marco legal común dentro del cual cada país deberá desarrollar su propia legislación en materia de sostenibilidad empresarial. Esta nueva legislación tendrá un impacto de gran alcance y conllevará una alta responsabilidad para las empresas sobre los impactos en los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de valor. Algunos Estados Miembros ya han aprobado leyes nacionales sobre la base de los mismos principios que inspiran la propuesta de Ley, entre los que destacan Francia (Ley n.º 2017-399 relativa a la vigilancia de las sociedades matrices y las empresas contratistas) y Alemania (Ley de 16 de julio de 2021 sobre diligencia debida de las empresas respecto de las cadenas de suministro).

La debida diligencia son las medidas adoptadas por una empresa para identificar y actuar en consecuencia sobre los riesgos reales y potenciales de su actividad para las personas y el medio ambiente, no sólo en sus propias operaciones, sino en su cadena de suministro y en los servicios que utiliza.

El anteproyecto de ley española de debida diligencia se ha desarrollado con el texto europeo como referencia, pero busca corregir ciertas carencias. Así, se incorpora la perspectiva de género. La igualdad de participación de hombres y mujeres es un derecho humano y el objetivo de la directiva europea es que las empresas presten atención, además de al medioambiente, a los derechos humanos.

En los últimos años, las empresas ya no solo persiguen generar beneficios para sus accionistas, sino también cultivar valores éticos. Facilitar la creación de programas de diversidad de proveedores gracias a esta nueva ley, supondría una oportunidad de unirse las empresas activamente en la defensa del derecho humano de igualdad de participación de hombres y mujeres en las cadenas de suministro de las empresas.

El surgimiento de estas nuevas normas que establecen sistemas de diligencia debida en la cadena de suministro pueden evitar discriminaciones de género mediante una estrategia de aprovisionamiento inclusiva que evite las prácticas de compra injustas y amplíe el grupo de proveedores potenciales, promoviendo la competencia en la base de suministro, incluyendo a más empresarias como proveedores. Además, al ofrecer más opciones de abastecimiento, la inclusión puede hacer que las cadenas de suministro sean más resilientes y ágiles, una ventaja cada vez más importante en estos tiempos de incertidumbre.

En conclusión, tenemos una gran oportunidad legislativa para facilitar el desarrollo de acciones de compra que maximizarían cambios y resultados positivos para el desarrollo del emprendimiento femenino y favorecer su acceso a las cadenas de valor.